El pasado 19 de febrero asistí a un acto simbólico, lleno de
compromiso y justicia con un colectivo maltratado en esta tierra. Se trataba de
la entrega de certificados de legalización urbanística de cincuenta granjas
ganaderas, con la asistencia del presidente del Gobierno de Canarias y del consejero
de Agricultura. Hasta ahora numerosos ganaderos han tirado la toalla ante un
muro legal, cargado de ignorancia y de incomprensión hacia el campo, por un
marco de leyes alejadas de la problemática rural. Los casos de algunos de los
ganaderos afectados han terminado de una manera dramática.
Según referencias de la Consejería de Agricultura, tenemos
unas siete mil granjas en Canarias, de las que a finales de este año tendrán la
documentación urbanística correspondiente unas mil (el 15%, aproximadamente), que
ya están funcionando cumpliendo con la legislación de la UE, incluyendo que sus
animales son vacunados y registrados. Como bien dice Pedro Molina y los
ganaderos de Agate, hay que agilizar los trámites de los equipos técnicos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias para la pronta
normalización de esta situación.
Afortunadamente, parece que las cosas van tomando camino.
Las leyes hechas en los despachos urbanitas comienzan a tomar en consideración
a los agricultores y ganaderos. La dominación urbana sobre el medio rural
incluye una lectura del campo sin campesinos, como un mero elemento
contemplativo. La producción de alimentos y las actividades agrarias no eran de
este planeta; eran cosa de los pobres del tercer mundo. Nada de gallos ni vacas
ni moscas cuando los urbanitas deciden irse a vivir al campo.
Por otra parte, la UE establece un nuevo marco de granjas,
con identificación de los animales, manejo en la cría y sacrificio, leyes de
bienestar animal, etcétera. Esto en un marco legal en el que los ayuntamientos
desarrollan el planeamiento urbanístico, y donde casi todos optan por ampliar
la superficie urbanizable y, en consecuencia, reducir el suelo para las
actividades rurales, situando en una situación marginal las explotaciones
ganaderas. Mientras, los cabildos y la Comunidad Autónoma planifican pensando
en aspectos ambientales y de planeamiento superior, creando en Canarias una
amplia maraña legislativa a la que se unen los espacios protegidos, con pautas
del Estado y de la UE. Todo lo anterior genera una confusa y compleja maraña en
un territorio fracturado como es el caso canario. En esta situación, los
conflictos están servidos.
Apenas tenemos espacio para las actividades ganaderas en el
actual marco legal. A ello se unen las importaciones de alimentos en sistema
dumping (importar alimentos más baratos de lo que están en sus países de
origen) o bien de países no comunitarios sin pagar los correspondientes
aranceles de entrada. La actividad ganadera de las Islas se está empobreciendo
continuamente, mientras que se importan por cada habitante trescientos litros de
leche, cuarenta kilos de carne y diecisiete kilos de pollo al año.
Afortunadamente en Canarias seguimos teniendo miles de familias que quieren
seguir produciendo alimentos frescos, que defienden con toda la razón del mundo
su actividad agroganadera y se niegan a tirar la toalla.
Aunque sea contradictorio, aquí, que hay cien habitantes por
cada vaca, casi todas estas granjas han estado denunciadas, mientras que en la
rica y urbana Holanda tienen ciento cuarenta cerdos y vacas por cada cien
habitantes y, ante el mismo marco legal comunitario, cumplen con la ley. Hemos
de dar la enhorabuena a nuestros ganaderos por haber peleado contra viento y
marea con el fin de mantener una actividad tan digna. Hemos de felicitar
también a los responsables políticos por el cambio de actitud hacia el mundo
rural. La ley 6/2009, de medidas urgentes encaminadas a la dinamización
sectorial, nació en un foro de alcaldes en San Juan de la Rambla, en la que
Manuel Reyes y un amplio colectivo de alcaldes hilvanaron un documento con el
entonces consejero de Agricultura Domingo Berriel y su equipo técnico. Esta ley
ahora nos da alternativas para flexibilizar las actividades del sector
primario, y en particular las granjas ganaderas en nuestras Islas. A esto se
une un acuerdo plenario del Cabildo tinerfeño con el fin de priorizar los usos
tradicionales dentro del área de bosques potenciales y de mejorar el marco
legal que había maltratado el sector primario. Gracias a ello, tenemos unas
posibilidades en las que no sólo están protegidas las hubaras y las palomas
rabiche, sino que en estos momentos se alumbra el largo túnel del olvido y la
marginación del sector primario, con unas justas alternativas a las demandas de
nuestros agricultores y ganaderos, en una tierra en la que es enormemente
básico encontrar la convivencia entre ciudadanía y naturaleza.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
DIARIO DE AVISOS, 22 de Febrero 2013
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