El pasado 19 de febrero asistí a un acto simbólico, lleno de
compromiso y justicia con un colectivo maltratado en esta tierra. Se trataba de
la entrega de certificados de legalización urbanística de cincuenta granjas
ganaderas, con la asistencia del presidente del Gobierno de Canarias y del consejero
de Agricultura. Hasta ahora numerosos ganaderos han tirado la toalla ante un
muro legal, cargado de ignorancia y de incomprensión hacia el campo, por un
marco de leyes alejadas de la problemática rural. Los casos de algunos de los
ganaderos afectados han terminado de una manera dramática.
Según referencias de la Consejería de Agricultura, tenemos
unas siete mil granjas en Canarias, de las que a finales de este año tendrán la
documentación urbanística correspondiente unas mil (el 15%, aproximadamente), que
ya están funcionando cumpliendo con la legislación de la UE, incluyendo que sus
animales son vacunados y registrados. Como bien dice Pedro Molina y los
ganaderos de Agate, hay que agilizar los trámites de los equipos técnicos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias para la pronta
normalización de esta situación.