Las leyes ambientales de Canarias

Han trascurrido mas de veinte años desde la promulgación de las primeras leyes ambientales de la Comunidad Canaria. Nacieron en un momento de gran presión sobre el suelo rústico, y jugaron un papel muy positivo en la defensa de los espacios naturales y del suelo agrícola. 

Ahora resulta que en brevísimo plazo, hasta febrero de 2016, hay que aprobar los planes de gestión de las 74 zonas de especial conservación (ZEC) de las islas: con la crisis inmobiliaria la construcción prácticamente ha desaparecido, pero avanza el abandono de las tierras cultivadas, ocupadas por vegetación de complicada gestión en caso de incendios. Estas tierras abandonadas se están convirtiendo en un riesgo para nuestros bosques y zonas pobladas.

En los últimos años hemos elaborado una maraña de leyes, en muchos casos inaplicables en un territorio pequeño y fragmentado como el nuestro. Hasta cinco administraciones tienen competencias sobre el territorio, con grandes conflictos y contradicciones para sus habitantes. Al declarar el 50% del territorio como supuestamente protegido, con setenta espacios dentro de siete categorías de protección, hemos creado un pesado lastre para la actividad agroganadera.

Para hablar de la gestión ambiental de las islas es fundamental contar con sus habitantes, sus costumbres y modo de vida. No se puede separar administración de administrados: la burocracia urbana no puede decidir unilateralmente las pautas y funcionamiento del mundo rural. 

Lo ocurrido estos días en Cantabria, Asturias y Galicia pone de manifiesto la importancia de ganaderos y campesinos. La desaparición de más de 100.000 explotaciones ganaderas en la cornisa cantábrica ha convertido tierras de pastos en combustible para incendios, una lección de lo que no se debe hacer. 

Por otro lado, en Arabia Saudí se riegan cereales con aguas subterráneas de acuíferos fósiles, pero los problemas de dichos acuíferos les han obligado a reducir su producción. En California se repite la historia, con sus acuíferos hipotecados por las demandas urbanas y agrícolas.

Aquí la maleza ocupa las tierras antaño labradas: zarzas, tojos, rabos de gato, helechos, hinojos, magarzas, aulagas, etcétera. La gestión ambiental tiene que contribuir a recuperar los usos tradicionales, los agricultores y ganaderos son necesarios para la conservación ambiental en una sociedad más sostenible. 

Canarias no tiene recursos para cuidar un 50% del territorio sin contar con sus habitantes. Tenemos que acercar gestión ambiental y actividad rural: construir un estanque, un gallinero o un baño en una casa no puede ser un laberinto legal impuesto desde la ciudad por tantas administraciones. 

Como bien plantea Fernando Clavijo, las leyes ambientales han de estar al servicio de los ciudadanos y por supuesto del medio ambiente, no deben ser solo barreras burocráticas que separen hombre de naturaleza. Necesitamos un marco legal sencillo y claro, con administraciones coordinadas que recuperen la actividad económica rural compatibilizando el cuidado ambiental.