Hemos sufrido en los últimos años una situación de crisis en un cultivo que ha cumplido ya 130 años de historia en Canarias. Es una actividad que en fue clave en las Islas, con más de 30.000 puestos de trabajo y hasta 12.000 hectáreas cultivadas en las tierras más pobres de nuestras costas.
Apenas hemos reaccionado como sociedad ante esta grave crisis. En los últimos 15 años, hemos dejado de cultivar más de 3.000 hectáreas, y hemos perdido 15.000 puestos de trabajo. Mientras, dejábamos arruinar las costosas inversiones realizadas en invernaderos, instalaciones de riego, sorribas y caminos. Nuestro paisaje agrario en las costas se ha degradado, ya que en contadas ocasiones se han reconvertido las zonas a otros cultivos.
Numerosos pueblos que tenían su actividad económica ligada y dependiente del tomate han perdido su modo de vida. Pueblos como Arico, Santiago del Teide, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Granadilla o Ingenio han visto muy afectada su economía y sobre todo su sociedad al no contar con alternativas laborales. Solamente se mantiene, hasta cierto punto, la actividad en La Aldea, Gáldar, Buenavista del Norte y Fuerteventura, allí con unas pírricas 600 hectáreas de las algo más de 3.000 que cultivábamos a principios del siglo XXI.
Ésta es una crisis que hubiéramos podido resolver desde aquí. Si bien es verdad que las plagas y las semillas defectuosas no han estado en nuestras manos, pero las mayores causas son atribuibles a los conflictos entre la Administración y los productores. A cuenta del Posei complementario o del transporte, la Administración del Estado ha pleiteado duramente contra las organizaciones de productores de las Islas. Los productores, agrupados en Fedex y Aceto, llevan más de seis años en un contencioso que erosiona tanto la economía de los agricultores como la moral de un sector que ve cómo la competencia gana cuota de mercado. Esta competencia se ve favorecida por la Administración, por la retirada de aranceles y contingentes, en el caso de Marruecos, o por la mejora de los rendimientos debido a la inversión realizada, en el caso de Almería y otros productores europeos.
Aquí, en Canarias, nos queda todavía algo más que pleitos y lamentos, mientras la administración nos siga tratando como si fuésemos delincuentes.
Algunas empresas solventes siguen en el mercado, apostando e invirtiendo, como los tomates de La Aldea, reconocidos en los países escandinavos por su buen hacer.
El Tribunal Supremo finalmente ha dado la razón a los productores en su largo conflicto por las ayudas al transporte. Es un rayo de esperanza para el sector, una semilla de optimismo tan necesaria en el campo canario. El nuevo compromiso de las administraciones con las ayudas por hectárea, presentadas en las jornadas tomateras de Fedex en Gran Canaria a principio de junio, debe ser el comienzo de una nueva relación, una apuesta por un sector que es clave en la recuperación económica y laboral de nuestro campo canario.
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