Entendemos que la problemática del agua en los tiempos y en
los territorios insulares no sólo tenemos que plantearla según la cantidad y
calidad de que se dispone, sino sobre cómo la cultura y la gestión fortalecen
los usos más adecuados, tanto en aspectos ambientales como sociales. El agua,
entre otras cosas, es un bien limitado en todo el planeta, y gran parte del
bienestar de los pueblos no depende de la cantidad y calidad del agua, sino de
la mentalidad del buen uso de dichos recursos. Así, en un corto periodo de
tiempo, hemos pasado en Canarias del aljibe y de lo que manaba de unas fuentes
relativamente cortas en el Archipiélago a disponer de más de 300 desaladoras
que, como sabemos, en algunos casos aportan hasta 100.000 m3/día. Sin embargo,
estos hechos pueden generar espejismos sobre la modernidad y el progreso en las
Islas. Entendemos que hablar de agua en el presente y futuro en esta tierra es
volver a una cultura que armonice la gestión de lo pequeño, de lo local, de lo
individual, con lo público y el interés colectivo; por ello, no podemos
establecer que la privatización de la gestión del agua en los ayuntamientos,
como ahora está ocurriendo en numerosos municipios de las islas desde Lanzarote
a La Palma, o que la gestión pública siempre es mejor que la privada, cuando
conocemos casos en los que la red de los ayuntamientos y las infraestructuras
relacionadas con el agua, desgraciadamente, no funcionan de manera adecuada.
Por ello, los tópicos de lo público y lo privado no nos dan las alternativas
que supuestamente demanda la sociedad. Es en este plano en el que debemos
situar que en Canarias, en un corto periodo de tiempo, hemos pasado de un
consumo urbano de menos de 10 litros/habitante/día, en más del 70% de la
población, a situarnos por encima de los 150 litros o, lo que es lo mismo, a un
consumo urbano turístico que supera el 50% del agua de las Islas, sin que
olvidemos el crecimiento de la población, la demanda del sector servicios y el
deterioro de nuestros acuíferos, lo que ha llevado a que, en islas como
Tenerife, hayamos pasado de una producción de algo más de 7.000 litros/segundo
en los años 60 por parte de las galerías de la Isla a situarnos en menos de
3.500 a lo largo de esta década. Por ello, las alternativas a la actual
situación son mucho más complejas que los tópicos entre lo público y lo
privado. Pues de todos es sabido que la Administración estatal ha invertido
tarde y mal en la problemática del agua en Canarias. Fue en una era de orfandad,
con una legislación del siglo XIX, en la que se construyeron en Canarias miles
de galerías y pozos y otras obras que hoy apenas aportan alternativas a la
problemática del agua. Sin embargo, la cultura individual que construyó en la
piel de las Islas más de 4.000 pozos y algo más de 1.000 galerías tiene mucho
que aportarnos ante la situación actual, pues los hijos y los nietos de dicha
generación desconocen gran parte de la cultura de las Islas. Y es aquí donde
entendemos que la Administración ha de animar y facilitar que las antiguas
comunidades de agua se vuelvan a restaurar para gestionar, al menos en una gran
parte de los casos, galerías y pozos que hoy están en abandono o en un
deplorable mantenimiento. Así, por ejemplo, el descenso de las galerías en Tenerife
en muchos casos tiene que ver con una falta de mantenimiento, a la que se une
la burocracia de papeles que pide la Administración para hacer pequeñas obras
en las cumbres de la Isla, situación que se ha judicializado en otros casos,
con responsabilidades penales para los directivos de las galerías después del
desgraciado accidente de Piedra de los Cochinos.
Por ello, en la compleja situación de la lucha por mejorar nuestros recursos,
tenemos que potenciar parte de la ilusión y sabiduría que ha estado en los
gestores de las galerías y pozos de las Islas. En otro estado de cosas, las
comunidades de regantes, como gestoras para optimizar los recursos hídricos con
costes soportables, deberían ser potenciadas, sin que esto signifique entrar en
tensión con las administraciones que tienen que ver con el agua, ya que en los
últimos años hemos tenido un alejamiento entre los demandantes del agua y la
gestión de ésta. Se entiende que no hay manera de optimizar nuestros recursos
si no conseguimos una mayor participación, en la que el conocimiento y el
interés público e individual confluyan para hacer de este recurso el mejor
servicio posible a la comunidad. En este mismo plano, entendemos que la
relación entre energía y agua ha de cambiar en Canarias, ya que el marco legal
en las Islas no distingue entre energías eólica o fotovoltaica para usos
industriales o bien para la desalación de aguas.
Tema este que creemos de primer orden, dada las tecnologías actuales y las
posibilidades que dichas energías aportan como alternativas al petróleo para
hacernos menos dependientes de las 300 desaladoras que tenemos en las Islas;
por ello, la lectura que hacemos de las plantas de desalación, en la que
confluyen instalaciones privadas y públicas. Entendemos que han de ser complementarias,
no sólo en el plano económico sino, sobre todo, han de cumplir unas mismas
reglas en cuanto a vertidos de salmuera o a la utilización de canales, bien
sean públicos o privados, para la utilización del agua en los territorios
insulares.
El capítulo de inversiones ha de cambiar puesto que la actual descapitalización
del sector del agua, en la que apenas hay aportes de la iniciativa privada y
una preocupante orfandad por parte de las administraciones públicas, como de
hecho está ocurriendo con las plantas de desalación, así como la
infraestructura de canales y depuradoras de aguas residuales para reutilizar
por nuestra población, pone de manifiesto un capítulo olvidado de manera
preocupante para una gestión sostenible ambiental y socialmente en esta tierra.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
DIARIO DE AVISOS, 22 de Marzo de 2014
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