Recibimos numerosas quejas de nuestro mundo rural sobre la
presencia y en muchos casos las denuncias que se realizan en el mismo, por el
trabajo en el que participan pensionistas o parados. De todos es conocido que
el mundo rural ha funcionado en gran medida con el trabajo de la familia e
incluso el apoyo para tareas agrícolas de los vecinos, lo que el profesor
Leoncio Afonso recoge en sus publicaciones sobre las gallofas o lo
que es lo mismo, trabajos con participación de vecinos bien el llamado troca
peón o simplemente la participación solidaria en el mundo rural.
Sin
embargo, lo que está ocurriendo en estos momentos es una situación lamentable
en la que inspectores de trabajo y el Seprona están recorriendo nuestros campos
pidiendo documentación a los participes en las faenas agrícolas, como está
ocurriendo este año con la vendimia, en la que los pensionistas o los parados
no pueden participar ni tan si quiera en un trabajo solidario con familiares y
amigos o en otros casos, si venden un saco de papas para pagar el coste de la
semilla o del abono lo denuncian como incompatible con las prestaciones
sociales, es decir, el empobrecido campo canario se encuentra con esta nueva
situación que es la resultante de la política del Estado, que la vicepresidenta
Soraya Saenz de Santamaría nos ha dicho de los 500.000 defraudadores con el
seguro de desempleo o aunque bajo los datos se quedó en 5.800, ¿podemos situar
a nuestros campesinos como defraudadores? Veamos algunas referencias: las
medianías de Tenerife o los cultivos de secano en Lanzarote o La Palma están
mantenidas básicamente con la llamada tercera edad, son los cuidadores
ambientales y los que mantienen gran parte de los viñedos y los cultivos de
papas en nuestras medianías, son de alguna manera la semilla que puede y debe
contaminar a nuestros jóvenes con experiencia y sabiduría sobre nuestro medio
rural, sin embargo, lo que está ocurriendo en nuestro campo es asociarlo como
unos nuevos Bárcenas, podemos entender el futuro para nuestra tierra si no
incorporamos a los jóvenes con la experiencia y cariño de los que ahora
maltrata la administración en nombre del “fraude”. Hemos de plantear a las
autoridades correspondientes que esta situación hay que corregirla, con un
cambio de cultura, un nivel de explicación y una actitud de respeto y cariño
hacia las personas que todavía cortan zarzas, limpian caminos y mantienen gran
parte de las parcelas que hoy tenemos en nuestras medianerías, de tierras no
balutas. Entendemos que es un trabajo ambiental en la lucha contra los
incendios, pero sobre todo es una escuela para el futuro de esta tierra en la
que los temas administrativos que dudamos que sean aplicables en el Continente
no tienen nada que ver con nuestro minifundio, nuestras bodegas familiares en
las que el capital humano de la universidad de la vida, nuestros pensionistas,
tienen mucho que decir y por supuesto los cazafraudes tienen poco que hacer.
Por ello, el papeleo que se les exige en estos momentos no nos ayuda ni a la
recuperación del campo ni a la mejora social y ambiental para que se incorporen
jóvenes o se mantengan las actividades que aún subsisten en nuestro medio
rural. Esto dista años luz de los defraudadores tipo Bárcenas, a que si están
dados de alta o no, como autónomos, como pensionistas o como parados no pueden
ni deben ser una situación de persecución y de miedo por unos supuestos
defraudes a la hacienda pública, porque vender un saco de papas o un queso para
pagar el agua o el guano no es un tema de defraude.
Wladimiro Rodríguez Brito es DOCTOR EN GEOGRAFÍA
DIARIO DE AVISOS, 26 de Octubre 2013
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